La presente nota tiene por finalidad poner el foco sobre algunos cambios que se vienen impulsando en el sistema de salud argentino a partir de las políticas públicas del Gobierno Nacional, con el evidente objetivo de instaurar un modelo de atención sanitaria muy alejado del paradigma que impera en el país -no libre de contradicciones y dificultades- desde la mitad del siglo XX.
Es destacable cómo el Gobierno Nacional no está solo en esta empresa, encontrando aliados en diferentes tiendas del arco político del país.
El arancelamiento de la atención sanitaria a extranjeros, que no posean documento nacional de identidad, es el comienzo de una serie de cambios que tienen como finalidad la privatización de la atención médica, como ya se está dando en forma aislada en algunos municipios, por esto es crucial denunciar esos casos testigo si pretendemos tener una democracia con igualdad de derechos en nuestro país.
Desde que el Gobierno de Milei asumió la conducción política del Estado Nacional ha sucedido un retiro del mismo en relación a la salud de los ciudadanos, tanto cerrando dependencias como desregulado las tibias medidas de control que la Superintendencia de Servicios de Salud impone al sector privado en término de aumentos de aranceles y otras regulaciones.
Ya desde el DNU 70 se liberaron los precios de las prepagas. Desde que asumió la Libertad Avanza el Gobierno Nacional lleva acumulado casi un 500% de aumento en el precio sin que ello signifique un aumento en la satisfacción de los usuarios ni aumentos equivalentes de los honorarios profesionales, más bien todo lo contrario.
Un número que pone en evidencia la destrucción que el Gobierno Nacional acumula en el área salud es la cantidad de personas que perdieron su cobertura médica, recayendo su atención en el subsector público, estimado en fi.240.000 personas a la fecha.
Mientras la economía continúa en caída no hay nada que nos haga pensar que la tendencia cambie, sino muy por el contrario que se profundice, con mayor cantidad de usuarios que accedan al derecho a través de este subsector. Atacado y desfinanciado como nunca antes por la administración de Milei.
En términos de acceso a fármacos, el paradigma del medicamento como “bien social” impulsado por el Dr. Arturo Oñativia desde el año 1964 giró hacia la distopía de “el medicamento como una mercancía más en el mercado” a la que se accede dentro de la capacidad de pago de cada uno.
Así se desreguló el precio de medicamentos, se impulsó su comercialización por fuera de farmacias y droguerías. Desestimando las condiciones de conservación, calidad y bioseguridad de los mismos. También se aumentó el número de fármacos de venta libre con el consiguiente aumento en el gasto de bolsillo de los pacientes que los requieran.
El punto cúlmine sobre este tema se reeja en la limitación de entrega de medicamentos gratuitos a afiliados del PAMI y en el desmantelamiento del programa REMEDIAR cuyo presupuesto cayó un 72% en la gestión Milei mientras el número de tratamientos entregados lo hizo en un 52%.
El programa incluía 75 principios activos, de los cuales se mantienen 30, siendo solo 3 de ellos para tratar afecciones cardiovasculares, la patología más prevalente en nuestra sociedad.
También se ve reducida la cantidad de botiquines entregados, de los 8000 mil centros de atención primaria que los recibían regularmente solo 800 continuarán con su abastecimiento.
Fuente: Agencia DIB
