Si bien la normativa posee alcance nacional, no constituye un impedimento para que la Defensoría de Mar del Plata pueda ejercer su rol de representación.
Las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, en la mira.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata habilitó a la Defensoría del Pueblo para que continúe con su reclamo judicial frente al recorte del Régimen de Zona Fría, un beneficio que ha sido objeto de una intensa disputa legal en los últimos meses.
Según informa LU9 Radio Mar del Plata, los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín fueron los encargados de revocar la resolución de primera instancia emitida por el Juzgado Federal N° 4, la cual había desestimado inicialmente la presentación del organismo conducido por Marcelo Lacedonia bajo el argumento de que carecía de legitimación activa para actuar como demandante en el fuero federal.
El fallo de los magistrados subraya que, si bien la normativa en cuestión posee un alcance nacional, esto no constituye un impedimento para que la Defensoría del Pueblo pueda ejercer su rol de representación. Según el criterio de la Cámara, la ley 27.828 no impacta de manera uniforme sobre la totalidad de la población argentina, sino que afecta a un grupo específico de ciudadanos situados en una zona determinada de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, los jueces destacaron que, aunque el amparo colectivo cuestiona la constitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, el conflicto posee una naturaleza local que justifica la intervención del organismo municipal en defensa de los intereses de los vecinos afectados por la quita del beneficio tarifario.
Asimismo, dice LU9, los magistrados hicieron hincapié en que el rechazo in limine de una demanda debe reservarse exclusivamente para casos de carácter excepcional. En su resolución, enfatizaron la necesidad de actuar con especial mesura, tino y cautela a fin de no provocar una denegación de justicia.
Esta postura coincide plenamente con el dictamen previo de la Fiscalía General, que ya había señalado que la entidad municipal estaba efectivamente facultada para representar a los usuarios y encabezar la demanda contra las autoridades nacionales y las empresas prestadoras del servicio de gas.
Tras esta resolución, el expediente regresará al Juzgado Federal N° 4, donde se deberá analizar la medida cautelar solicitada y evaluar si corresponde tramitar el reclamo bajo la figura de acción colectiva. La demanda presentada por la Defensoría del Pueblo está dirigida contra tres actores fundamentales: el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. El organismo ha planteado la urgencia de una medida cautelar que logre detener la quita del beneficio de manera inmediata.
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